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La militarización de Olivos: prevén destinar más de 400 efectivos de las Fuerzas Armadas a las tareas de la quinta
La residencia oficial del presidente de Argentina, la Quinta de Olivos, se está transformando en una auténtica unidad militar. Esta reconversión comenzó tras la decisión de Javier Milei, a mediados de mes, de despedir al personal civil que trabajaba en el lugar desde hace años. Esta medida ocurrió en medio de un escándalo de gran magnitud, cuya verdadera naturaleza y alcance aún no han sido revelados.
A partir de esa orden, Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, designó al general de brigada Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, para liderar el operativo. Ibáñez, en camino rápido hacia un ascenso a general de división, actúa como la mano derecha de Karina Milei en el control de la Casa Rosada, situación que se refleja en la creciente vigilancia y restricciones que sufre la prensa acreditada en el Gobierno.
Según fuentes oficialistas, para garantizar la seguridad y funcionamiento continuo de Olivos son necesarios entre 400 y 420 militares, quienes trabajarán en turnos rotativos para cubrir las 24 horas durante los 365 días del año. Este personal provendrá de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Actualmente, se estima que alrededor de 300 militares ya desempeñan diversas funciones en la residencia, incluyendo labores de jardinería, electricidad, plomería, gas, cocina, cuidado veterinario de los perros del presidente y, especialmente, seguridad en todos los puntos estratégicos, con una presencia sin precedentes.
El Ejército, con aproximadamente 60.000 efectivos, será el principal encargado de las tareas domésticas en Olivos. Le siguen la Armada, con cerca de 24.000 miembros y una contribución estimada de unos 100 militares, y la Fuerza Aérea, con alrededor de 22.000 efectivos, que aportaría unos 50. Aunque estas cifras pueden variar, la estimación recogida por Clarín indica que se requieren poco más de 400 militares, quienes cumplirán roles similares a los que desempeñan en las unidades militares, incluyendo tareas de limpieza, conforme a la jerarquía castrense.
El mensaje interno, según fuentes consultadas, es claro: “No habrá más civiles” a cargo de la Quinta de Olivos. Frente a las tensiones con la prensa, atribuibles a lo que denominan “filtraciones”, en el Gobierno reconocen que Karina Milei y el general Ibáñez —quien es mencionado como posible futuro jefe del Ejército o ministro de Defensa en caso de que Carlos Presti deje el cargo— exigen que el personal militar mantenga una “fuerte disciplina”, en particular la del silencio. En palabras internas, los soldados “cumplimos y ya está”, pese a las demandas salariales del sector y a la crisis que atraviesa la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, que prácticamente ha dejado sin atención médica a sus afiliados.
La única función que aún podría permanecer en manos civiles es el cuidado habitual de la salud del presidente, tarea históricamente delicada y de estricta confidencialidad para todos los jefes de Estado.
Tal como anticipó este diario, luego de gestiones y reclamos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se decidió reincorporar a una docena de trabajadores contratados que habían sido desplazados. Sin embargo, estos empleados no volverán a cumplir funciones dentro de la residencia, sino que serán reubicados en la Casa Rosada y otras oficinas gubernamentales de la calle 25 de Mayo.
El Gobierno de Milei optó por desplazar al personal civil y disolver toda la estructura administrativa de Olivos tras denuncias de supuestas filtraciones, aunque acordó la reubicación de los trabajadores afectados. No se oficializaron los motivos reales de esta decisión, limitándose a señalar cuestiones de seguridad y riesgo de filtración de información relacionada con la actividad presidencial y su entorno.
En el marco de estos cambios, se disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial, y la Casa Militar asumió el control integral de la seguridad y el funcionamiento del predio. Como parte de esta reestructuración, fue desplazado el intendente de la quinta, Osvaldo Sosa, y renunció su cuñada, la funcionaria Belén Agudiez, también vinculada al círculo cercano de Karina Milei.
El escándalo generó además una derivación judicial: la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades y negocios privados vinculados a la administración de la residencia, con el foco en las figuras de Sosa y Agudiez, y con posible implicación de la secretaria general.
Por otra parte, trascendió que el coronel Fernando Tereso, segundo jefe de Ibáñez y conocido por su desempeño como vocero del Ejército durante el kirchnerismo, habría sido designado por Milei para reorganizar Olivos. No obstante, según otras fuentes, esta designación no ha sido confirmada oficialmente y la toma de control militar continúa siendo de facto; Tereso podría desempeñar sus funciones desde su cargo en la Casa Militar.
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