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La Ciudad aprobó un marco para el uso de inteligencia artificial en las escuelas
La Legislatura porteña sancionó la Ley de Educación Digital Integral, que fija pautas para el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos. Trece de los 14 integrantes de La Libertad Avanza se abstuvieron; durante el debate también hubo objeciones sobre los recursos necesarios para implementar los cambios y la creación de cargos docentes.
La norma plantea que la educación digital acompañe las distintas etapas de la escolaridad y ayude a que los estudiantes comprendan de manera crítica cómo operan las plataformas, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Entre los problemas que busca prevenir están el grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital, la difusión de imágenes sin consentimiento, las apuestas en línea y los mecanismos que promueven un uso adictivo de las plataformas.
Para la inteligencia artificial, la ley establece diez criterios, entre ellos la privacidad, la transparencia, la protección de datos, la accesibilidad y la evaluación de riesgos. Su utilización deberá estar vinculada con los contenidos curriculares y las propuestas didácticas de cada nivel, y orientada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. También se exige que las autoridades educativas y los proveedores informen sobre las finalidades, las condiciones de uso y los criterios generales de funcionamiento de los sistemas, de acuerdo con la información que esté disponible y pueda exigirse. La reglamentación, prevista dentro de los 90 días posteriores a la sanción, tendrá un papel central para precisar esos alcances.
Las escuelas primarias y secundarias deberán contar con un referente pedagógico digital que acompañe a los docentes y canalice inquietudes de la comunidad educativa. En las secundarias, además, habrá un estudiante referente elegido por sus compañeros por cada cinco cursos o secciones, con la tarea de promover un uso responsable de las tecnologías. La ley incorpora contenidos de educación digital a la formación docente y, para las escuelas estatales, establece requisitos de formación específica para quienes cumplan la función de Facilitador Pedagógico Digital.
La normativa prevé garantizar conectividad y equipamiento para fines pedagógicos en los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación, con incorporación gradual de dispositivos. También establece una encuesta bienal para estudiantes de 11 a 18 años sobre acceso y uso de tecnologías, actividades educativas y recreativas, apuestas en línea y empleo de inteligencia artificial generativa en tareas escolares. El primer relevamiento deberá realizarse antes de que transcurra un año desde la sanción y sus resultados tendrán que publicarse dentro de los seis meses siguientes.
El texto no asigna partidas presupuestarias específicas para financiar las medidas. Establece, en cambio, que quienes ya desempeñan tareas de facilitación digital tendrán tres años para acreditar la formación requerida y que el Gobierno porteño contará con dos años para completar la dotación prevista en las escuelas públicas. La implementación incluye además campañas de concientización, talleres para estudiantes y familias y capacitaciones para trabajadores públicos vinculados con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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