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El Senado dio media sanción a un régimen de incentivos para inversiones desde US$12 millones
El Senado aprobó por 60 votos contra 2 el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una propuesta que todavía debe pasar por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. El proyecto, impulsado por el radicalismo, apunta a emprendimientos productivos que alcancen un monto mínimo de inversión de 12 millones de dólares.
El esquema abarcaría inversiones realizadas durante los dos primeros años desde la entrada en vigencia de la ley. Entre los bienes contemplados figuran maquinaria y equipos nuevos, obras vinculadas directamente con actividades productivas, sistemas de riego, equipamiento de eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes amortizables. Quedarían fuera los automóviles, los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio.
Entre los incentivos previstos están la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, un tratamiento especial para amortizar bienes de capital y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. El proyecto también plantea que los beneficios tengan estabilidad normativa y tributaria durante 30 años desde la promulgación de la ley.
Para solicitar el ingreso, cada empresa debería presentar un plan de inversión con cronograma de ejecución, producción prevista, exportaciones y empleo estimado. También tendría que destinar al menos el 20% del monto asignado a proveedores del proyecto a proveedores nacionales, siempre que haya oferta local con condiciones de precio y calidad de mercado. La autoridad de competencia contaría con hasta 90 días hábiles para evaluar cada pedido.
El autor de la iniciativa, el senador radical Eduardo Vischi, la presentó como un régimen intermedio entre los incentivos destinados a medianas inversiones y el régimen para grandes proyectos. Desde el bloque justicialista, José Mayans sostuvo que el diseño no alcanza frente a la situación económica. Jorge Capitanich advirtió sobre la multiplicación de regímenes con diferencias de valores, impacto fiscal y falta de consideración de los cupos presupuestarios.
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