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Malvinas: dos nuevos decretos de Milei aumentan fondos para la presencia militar en el Atlántico Sur
Tras el anuncio de Javier Milei, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) destinados a aumentar la presencia militar argentina en el Atlántico Sur, marcando un giro de 180 grados respecto a la política de diálogo iniciada con Gran Bretaña al comienzo de la actual administración.
El nuevo plan estratégico para Malvinas contempla una reasignación presupuestaria que incluye **218.000 millones de pesos para Defensa, 30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y 119.290 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)**. Además, Cancillería recibirá un procedimiento acelerado para sancionar a empresas involucradas en la explotación petrolera no autorizada en la plataforma continental argentina.
En un mensaje transmitido en cadena nacional, Milei detalló estas medidas en el contexto de recientes presiones de Donald Trump hacia el Reino Unido y sus declaraciones que sugerían un posible abandono de la postura diplomática neutral respecto al conflicto de soberanía en Malvinas, favoreciendo así a Argentina.
El presidente decidió avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y aumentar las capacidades de telecomunicaciones, un proyecto iniciado en 2022 que ha generado tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Desde la asunción de Milei, altos mandos militares, legisladores y funcionarios estadounidenses han visitado los terrenos destinados para la base.
El fortalecimiento del área diplomática se materializa en el decreto 868/2026, que faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores a aplicar la Ley 26.659 y a acelerar el procedimiento para sancionar a empresas que exploten o colaboren con explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. También establece nuevas condiciones para las empresas que deseen ingresar al Régimen de Incentivos para la Gestión de Inversiones (RIGI).
El mayor incremento presupuestario se concentra en Defensa, con partidas que suman aproximadamente **217.954 millones de pesos distribuidos entre el Ejército (60.429,5 millones), la Fuerza Aérea (34.156,9 millones), la Armada (8.115,6 millones) y el Estado Mayor Conjunto (519,4 millones)**.
Aunque la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego está contemplada en el DNU 867/2026, no aparece explícitamente desglosada en la planilla principal, sino incorporada dentro del refuerzo global asignado a Defensa.
Es importante no confundir este anuncio con los proyectos argentinos de larga data en la Antártida, que incluyen un Polo Logístico Antártico adyacente a la base en Ushuaia para apoyo militar. Tradicionalmente, se ha planteado un binomio conformado por la base naval integrada y la base antártica conjunta Petrel, cuyo desarrollo también se ha reimpulsado bajo la administración de Milei.
Estos decretos fortalecen, por un lado, las capacidades estatales militares y, por otro, las herramientas diplomáticas y regulatorias para la protección y sanción en materia de explotación de recursos naturales. Jurídicamente, el DNU 867 es de índole presupuestario y el DNU 868, regulatorio y sancionatorio.
Cabe señalar que, a pesar de estos refuerzos puntuales, el Presupuesto 2026 refleja recortes significativos para Defensa y las Fuerzas Armadas, y se anticipan ajustes similares en el Presupuesto 2027, situación que genera incertidumbre dentro del Gobierno.
Por otro lado, el ministro Federico Sturzenegger ha promovido la venta de numerosos terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con la promesa de reinvertir parte de esos fondos en las mismas, aunque esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo. Precisamente, las fuerzas lograron detener temporalmente la venta de terrenos estratégicos en Ushuaia, cerca de la zona donde se planea la construcción de la base naval integrada.
Asimismo, los uniformados enfrentan bajos salarios, que se prevé aumenten de forma escalonada y moderada entre septiembre y diciembre. A esta situación se suma la persistente crisis que afecta a la obra social de los militares, la OSFA.
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