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El Gobierno publicó el decreto de Milei que busca endurecer las sanciones a las empresas que exploten petróleo en Malvinas
El Gobierno reglamentó parte de los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional este jueves respecto a las Islas Malvinas, orientados a endurecer las sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en los espacios marítimos en disputa con el Reino Unido.
La medida fue ratificada mediante el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial este viernes. La normativa introduce modificaciones en la aplicación de la Ley 26.659, aprobada en 2011 a propuesta del entonces legislador Fernando Pino Solanas, que regula la actividad hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes operen sin habilitación de las autoridades nacionales.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno destacó que diversas personas y empresas «comenzaron a desarrollar de manera ilegítima actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos» en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Asimismo, señaló que estas actividades son «incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas», que insta a evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.
El decreto recordó que la Ley 26.659 ya prohíbe llevar adelante actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, así como participar directa o indirectamente en empresas que las realicen o contratar servicios destinados a estos fines sin la habilitación correspondiente. Desde la sanción de esa ley, ya fueron declaradas «clandestinas» diez empresas que operaron sin autorización nacional.
Una de las principales modificaciones consiste en designar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como nueva autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Según el Gobierno, esta medida facilitará una mayor articulación entre las acciones administrativas previstas por la norma y la estrategia diplomática vinculada al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La normativa también establece que cualquier organismo o entidad de la Administración Pública Nacional que tome conocimiento de hechos imputables a conductas prohibidas por la ley deberá informar esa situación a Cancillería dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Por otro lado, se aceleran los procedimientos sancionatorios: el decreto fija un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo y ofrezcan pruebas. Luego, la autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundamentada dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación del descargo, al vencimiento del plazo para hacerlo o a la finalización de la etapa probatoria.
El texto incluye además nuevas exigencias para quienes aspiren a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A partir de ahora, los Vehículos de Proyecto Único (VPU) deberán presentar una declaración jurada suscripta por su representante legal que consigne el cumplimiento actual y futuro de las disposiciones de la Ley 26.659 y su modificatoria, tanto por el vehículo como por las personas vinculadas a él.
En los considerandos, el Gobierno sostiene que sería contradictorio sancionar empresas por actividades petroleras vinculadas con las Malvinas y, al mismo tiempo, otorgarles beneficios fiscales como los previstos en el RIGI. Además, afirma que hacerlo implicaría favorecer a quienes «desconocen activamente la soberanía argentina» sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Aunque el decreto incluye varias de las medidas anunciadas por Milei en cadena nacional, el texto oficial no contempla otros anuncios realizados por el Presidente, como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional o la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.
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